La magistrada, a la vista de las pruebas facilitadas por el denunciante, ha decidido que debe prevalecer, en este caso, el derecho a la salud psíquica y al descanso sobre el derecho a la música a todas horas. Y así debe de ser hasta que llegue el juicio.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, Galicia, María del Carmen García Campos, ha impuesto al denunciado, de alrededor de 60 años, la prohibición expresa de poner música en su domicilio y le ha advertido seriamente que si lo hace estaría cometiendo un delito de quebrantamiento de medida cautelar, lo que podría conducirle a la imposición de «medidas más restrictivas». Y esto hasta que se celebre el juicio preceptivo, al término de la instrucción.
El campeonato del mundo de fútbol sirve como un símil perfecto para describir la proeza de Salceda Abogados, un pequeño bufete de Vigo -con despacho en Madrid-, que dirige Antonio Salceda, de 43 años. Porque su victoria, ante el Tribunal el Supremo, en el pleito contra Construcuatro, constructora vinculada, hasta 2012, con Telmo Martín, el alcalde de Sanxenxo y uno de los barones del PP gallego, tiene todo el sabor a una final del campeonato del mundo. Con el “We are the Champions”, de Queen de fondo, incluido. Construcuatro había contratado nada menos que al Real Madrid de los despachos de abogados.
El abogado del Concello recalcó en el juicio que la cuantía impuesta es mínima y que incluso buscan cómo reducirla cuando las fincas son pequeñas
El litigio comenzó cuando Promociones Navia 2008 S.L. demandó al Concello de Vigo. Su defensa, ejercida por Salceda&Abogados, argumentó ante el juez que, en mayo del 2021, el Concello notificó a Promociones Navia 2008, S.L que le imponía una multa coercitiva por incumplimiento de la orden de ejecución sobre limpieza de los terrenos. La multa era de 1.000 euros pero con una advertencia de aumentar el importe. Cuando se notifica esa resolución, Promociones Navia 2008, S.L. alega que ya había permutado sus terrenos con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) por lo que el propietario es el IGVS y no Promociones Navia 2008, S.L.
Los tribunales británicos acaban de hacer suya la sentencia del Supremo que condena a la aseguradora del Prestige, London P&I Club, a abonar 855 millones al Estado español en concepto de indemnizaciones por el desastre medioambiental —considerado el mayor de la historia de España— que supuso el hundimiento del petrolero frente a la Costa da Morte el 13 de noviembre de 2002.
De esta forma, la correduría inglesa se va abocada, casi con total seguridad, a hacer efectivo el pago de este montante, que supone casi la tercera parte de los 2.335 millones en los que tasa el Estado español la factura ecológica de un naufragio que asoló también las costas portuguesas y francesas en forma de hilos de fuel, aves y peces muertos y piedras teñidas de negro.
Tres acusados aceptaron a través de sendas videollamadas una pena de dos años de cárcel, que no cumplirán, y otros dos multas de 180 y 240 euros
«¿Sí? Le llamo de la quinta sección, ahora conectamos». Con este original sistema de videollamadas, la Audiencia condenó por teléfono móvil a cuatro acusados que integraban la banda del vudú que explotaban a compatriotas nigerianas en O Berbés en el 2012. El quinto acusado compareció presencialmente ante el tribunal.
El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a la funcionaria del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), María Josefa O.A., de la acusación de delito continuado de revelación de secretos cometido por funcionario público, por el que había sido acusada por su propia hija, como acusación particular, y por el Ministerio Fiscal. Por ello, solicitaban 4 años de cárcel y 15.000 euros de indemnización, por los daños y perjuicios psicológicos y morales sufridos.
“No soy el autor de los hechos que me atribuyen”, declaró en su alegato final N.L.P., vecino de A Illa de Arousa, para quien la Fiscalía solicita 11 años de cárcel, acusado de intentar matar a un amigo tirándolo al vacío desde una altura de 8 metros. En el juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra, el acusado respondió solo a las preguntas de su abogado, para afirmar que el día de los hechos, el 8 de marzo de 2020, se encontraba con la víctima en el edificio de Usos Náuticos de A Illa de Arousa, a donde habían acudido “a fumar un porro”.
Así nos hemos encontrado hoy a la clínica de Dentix de Puerta del Sol núm. 6 en Vigo.
Tal y como ADVERTIMOS aquí había que interpretar con cautela el mensaje de la reapertura de las sólo 62 clínicas. La clínica de Dentix de Puerta del Sol se encontraba en el listado oficial publicado y sin embargo la situación real es otra: CLÍNICA CERRADA Y LOCAL EN ALQUILER.
Seguiremos informando.
Dpto. Comunicación - Salceda&Abogados - 1 de febrero de 2021