La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha estimado el recurso de amparo por el que un condenado a seis meses de prisión impugnó la decisión judicial que, sin oírle previamente, revocó la suspensión de la ejecución de la pena como consecuencia de constatar, un año después, que no había satisfecho el compromiso de abonar la condena al pago de 2.100 euros
a la víctima, que se le había impuesto en concepto de responsabilidad civil.
Son dos las razones que fundamentan la decisión estimatoria:
a) En primer lugar, la decisión de revocación y la orden de ingreso en prisión para cumplir la pena corta privativa de libertad impuesta, se acordó sin oír previa y personalmente al reo en una vista contradictoria; exigencia legal prevista en el Código Penal para estos supuestos (nuevo art. 86.4 del Código Penal, que fue introducido por la reforma aprobada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo).
b) De otra parte, la orden de ingreso en prisión del penado se fundamentó exclusivamente en el incumplimiento del compromiso de pago al que la suspensión de la pena había sido condicionada, sin llegar a valorar sus circunstancias económicas reales.
A continuación les explicamos cómo solicitar ante el banco la ampliación de plazo y periodo de carencia para retrasar la amortización de los coloquialmente denominados "préstamos ICO":
IMPORTANTE: la solicitud tiene que presentarse antes del 15 de mayo de 2021.
El Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial, adopta una serie de medidas con el objetivo de fomentar el acceso a financiación de empresas y autónomos y evitar que eventuales tensiones de liquidez se transformen en problemas de solvencia.
En concreto, para las operaciones de financiación formalizadas antes del 18 de noviembre de 2020 y avaladas por el Estado al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, se ofrece la posibilidad a empresarios y autónomos de solicitar a sus entidades financieras la ampliación de hasta un máximo de 3 años adicionales del plazo de vencimiento y hasta 12 meses adicionales del periodo de carencia con respecto a los plazos y carencias inicialmente acordados.
Los avales recogidos en este Real Decreto-ley cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado.
¿Qué documentación necesito?
Si usted es autónomo:
-Modelo 303 del tercer y cuarto trimestre del 2020 y del primer trimestre del 2021.
-Modelo 390.
-Modelo 347.
-Última declaración de la renta (2019) o la del 2020 en caso de que ya la haya presentado.
-EBITDA que tendrá carácter no vinculante del 2021 y 2022.
-Declaración responsable de ayudas recibidas.
Son circunstancias agravantes según el art. 22 del Código Penal:
1.ª Ejecutar el hecho con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Hoy vamos a explicar sus requisitos. Sigue leyendo hasta el final...
El Convenio regulador es un documento en el que ambos cónyuges o la pareja de hecho pactan, de mutuo acuerdo, las relaciones económicas así como las relativas a los hijos en los casos de separación o divorcio.
1) ¿Cuál es el contenido del Convenio regulador?
Desde la introducción por primera vez de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la LO 5/2010, en el artículo 31 bis del CP, no ha dejado de producirse un continuo goteo de resoluciones judiciales en esta materia que ha ido en aumento en los últimos años.
La primera sentencia del TS de condena a una empresa, conocida como la bisiesta por datar del 29 de febrero de 2016, se ha visto seguida por muchas otras que han impuesto cuantiosas multas, como la de 900.000 euros por blanqueo de capitales de la STS 483/2020 de 30 de septiembre, Rec. 142/2019, suspensiones de actividades y clausura de locales temporales, llegando incluso a la disolución en varias ocasiones, como dictaminaron el pasado año las SAP Barcelona 76/2020 de 14 de febrero, Rec. 80/2019 y SAP Valencia 176/2020 de 4 de mayo, Rec. 11/2019.
No hay que olvidarse, además, de que las organizaciones condenadas deben siempre hacer frente a la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito, de forma solidaria junto con la persona física, lo que supone abonar elevadísimas cantidades de dinero, en la mayoría de los casos, que complican la continuidad del negocio y puede llegar a ocasionar su bancarrota.
A continuación, ofrecemos un estudio de las sentencias dictadas durante los 10 años de vigencia de la responsabilidad penal corporativa: cómo ha sido su evolución por años, por Tribunales, qué delitos son los que más sentencias acumulan, así como qué sentencias ha dictado el TS y las distintas Audiencias.
Por petición popular hoy trataremos de explicar aquellos aspectos más relevantes de las distintas clases de lesiones que regula el Código Penal y la última modificación operada por la LO 2/2020, de 16 de diciembre.
La lesión es todo daño en la sustancia corporal, una perturbación de las funciones del cuerpo, o una modificación de la forma de alguna parte del cuerpo, y malestares físicos de cierta entidad, como el terror, o el asco, quedando afectado el sistema nervioso central, para cuya curación es preciso un tratamiento psíquico.
Se clasifican en:
- Lesiones básicas
- Lesiones leves
- Lesiones graves
- Lesiones muy graves: mutilación o inutilización
- Lesiones imprudentes (dedicaremos otra publicación a esta modalidad)
- La participación en riña
- El consentimiento en las lesiones
